El proceso de revocación de mandato no es aplicable para el Gobernador, Rubén Rocha Moya: IEES

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) informó que el proceso de revocación de mandato no es aplicable para el Gobernador, Rubén Rocha Moya

El IEES señaló que la revocación de mandato solo aplica para el Presidente de la República

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) informó que el proceso de revocación de mandato no es aplicable para el Gobernador, Rubén Rocha Moya. El IEES señaló que la revocación de mandato solo aplica para el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 35 establece que el Presidente de la República podrá ser revocado de su cargo mediante el voto de la mayoría absoluta de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando dicha mayoría represente, además, al menos el 40% de la lista nominal de electores. El IEES destacó que en el caso de los gobernadores, la Constitución no prevé la figura de la revocación de mandato, por lo que no es posible aplicar este mecanismo para removerlos de su cargo. El IEES añadió que en el caso de que un gobernador incurra en alguna falta grave, el Congreso del Estado puede iniciar un proceso de juicio político y, en su caso, destituirlo de su cargo.

El proceso de juicio político es un procedimiento que se inicia cuando el Congreso del Estado considera que el gobernador ha cometido una falta grave que amerite su destitución

El proceso de juicio político se lleva a cabo en dos etapas: 1. **La acusación:** En esta etapa, el Congreso del Estado presenta una acusación formal contra el gobernador, en la que se detallan las faltas graves que se le imputan. 2. **El juicio:** En esta etapa, el Congreso del Estado actúa como jurado y decide si el gobernador es culpable de las faltas graves que se le imputan. Si el gobernador es declarado culpable, el Congreso del Estado puede destituirlo de su cargo. El proceso de juicio político es un mecanismo de control político que permite al Congreso del Estado remover de su cargo a un gobernador que haya incurrido en faltas graves.